España: la hora de las luces largas

Ministro Montoro en el Congreso

Por Mirta Balea


El ministro escaló los poco pasos que lo separaban de la tribuna y luego esperó una fracción de segundo antes de encarar al auditorio. En ese instante, tuve la brevísima visión que de su boca pendía un anzuelo de plumas, al modo de una mosca artificial.


La mirada de Cristóbal Montoro contenía algo más que la intención de parecer resuelta, parecía más la que debió acompañar a los gladiadores en el combate. Las probetas de los análisis económicos habían quedado guardadas ya en el laboratorio y ahora tocaba probar que el Gobierno no se había equivocado. Respiró hondo y, sin tiempo para arrepentirse, expuso las tesis de los presupuestos generales del Estado (PGE), los más austeros de la historia democrática española, aprobados por el Congreso de los diputados esta semana.




En un contexto económico adverso al crecimiento, reducir el déficit se ha convertido en la prioridad del Gobierno del Partido Popular (PP), como ha quedado reflejado en los ajustes presupuestarios presentados en las Cortes. La votación fue de 182 en contra de la devolución, 156 a favor y una abstención (de uno de los populares que apretó el botón equivocado). Las 10 enmiendas propuestas por los grupos parlamentarios quedaron fuera de combate y los PGE 2012 pasaron a ser efectivos sin una brizna de paja.




El debate estuvo polarizado entre el Ejecutivo y el resto. Aparte de los representantes del PP, votaron porque se mantuvieran el Foro de Asturias y los socialistas de UPyD, que parecieron entender que resulta excepcional la situación económica del país y por esto merece la disciplina presupuestaria aprobada. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas asegura que contribuirá a la creación de empleo y a la recuperación de la actividad, aunque no todos en Europa comparten esa opinión.




La mayoría de las fuerzas políticas representadas en la Cámara, en el otro extremo del debate, han reprochado al Gobierno la falta de medidas de estímulo a la economía, lo suficientemente claras como para ser consideradas como tales.




Los analistas económicos están convencidos de que Europa tiene otras alternativas que no pasan necesariamente por un alud de reformas y recortes que hasta ahora solo han perjudicado a los estamentos más pobres de la sociedad. Los españoles se encuentran atrapados entre un sector a la izquierda de la bancada política, que cree en el milagro de los panes y los peces, y otro en la derecha, cuyo problema es que ignora el dolor que causa la injusticia.




La comunidades autónomas (CCAA), que han cargado la deuda con una política dispendiosa, han protestado en el Congreso porque los PGE  las obligan a una previsión de ingresos y gastos y a someter sus cuentas y planes de ajuste al resto de los gobiernos territoriales dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiación, en el que Hacienda tiene el 51% de los votos.




El Partido Socialistra Obrero Español (PSOE), que gobernó en las pasados dos legislaturas, ha considerado que el Estado y las autonomías son renglones aparte y sus cuentas nada tienen que ver entre sí. A los efectos de los organismos financieros internacionales y de la Unión Europea (UE), esta tesis es errónea, porque al examinar la deuda de un país se la ve en su totalidad y no en las partidas.




La prima de riesgo ha venido subiendo en estas últimas semanas por encima de los 400 puntos básicos y las emisiones de deuda pública lanzadas por el Tesoro español han visto reducida su demanda. Ahora y en el futuro, la deuda bajará en su valor y cualquier subida que se registre, como la de los días 24 y 25 pasados, tendrá un carácter temporal.

Congreso de los diputados.

En esto ha repercutido la actitud del más que presumible nuevo presidente de Francia, Francois Hollande, quien ha dicho que  pedirá la revisión del pacto fiscal concertado por 25 de los 27 miembros del club, incluido Francia, en una cumbre hace cuatro meses, y la crisis política en Holanda. Ambos son elementos que han disparado el miedo de los mercados a un cambio en las políticas de austeridad, que pongan en duda el compromiso de pago de la deuda.




Reino Unido fue uno de los dos países que, haciendo uso de su veto, rechazó el pacto fiscal. El resto de naciones devaluaron ese recurso y se han sometido, con lo que dieron a la Comisión unos poderes sin precedentes en materia económica, en un momento en que el desgobierno es lo que caracteriza la gestión de Bruselas.




El acierto sobre la austeridad extrema, impulsada por la canciller Angel Merkel, ha entrado en el laberinto de las dudas. Las economías rescatadas de Grecia, Irlanda y Portugal y además, las de Italia y España, han entrado en recesión y los ataques a sus deudas se recrudecen, al tiempo que el paro se vuelve incontrolable.




El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha rechazado intervenir en el mercado con la compra de deuda española, una opción cerrada hace seis semanas cuando Berlín protestó. Esto hace que los inversores en el parqué español sufran más que nadie el castigo de la crisis. Las empresas cotizadas en el Ibex han perdido un 20% de su valor en lo que va de año, que se traduce en 84.017 millones en pérdidas. Se han igualado los mínimos de octubre del 2003.




La proyección del PIB para 2012 oscila entre un 1.0% anunciado por el Consejo de Europa para España hasta un 1,8% del Fondo Monetario Internacional o el propio Gobierno de Madrid. Se pretende reducir el déficit de 8,51% a 5,3% en 2012. Para la mayoría de los analistas económicos, esto es como una quimera. El Banco de España en sus previsiones publicadas recientemente ha mostrado que el PIB ha vuelto a contraerse este trimestre, en 0.4%.




Esta caída del PIB tiene como marco la debilidad de la demanda interna, que golpea con insistencia a la actividad económica, por falta de estímulos, a pesar de que el índice de las exportaciones ha presentado cotas esperanzadoras, sin que deje de estar supeditado a la también conflictiva evolución de los principales socios comerciales de España.




Los analistas consideran que no resulta suficiente la austeridad propuesta en los PGE 2012 para cumplir con el ajuste pactado con Bruselas, lo que ha obligado al Ejecutivo, con gesto rápido e inesperado, a sacarse de la manga una reducción del gasto en educación y sanidad, las dos principales partidas presupuestarias de la comunidades autónomicas,  ambas medidas altamente impopulares y por las que el PSOE ha instado a que se salga a la calle en protesta.




La broca sigue penetrando en el mercado laboral en franco deterioro con el incremento del número de los que son despedidos y se van a casa a esperar que la situación mejore. Esto, sumado a la debilidad apuntada de la demanda interna, parece plantearse como paso ineludible el incremento de los ingresos, una partida en la que pretende destacar la amnistía fiscal del Gobierno a los capitales no declarados en el extranjero y que ha sido objeto de críticas del PSOE e Izquierda Unida.




Ambas agrupaciones políticas ven la medida como un trato de favor hacia los que más tienen y como un incentivo para que en el futuro se fomente la evasión de impuestos. Esto se había aplicado en anteriores gobiernos,  pero entonces en ausencia de una crisis económica y financiera global que ha situado a España al borde de la quiebra. La pega al plan es que no está justificada ante los inversores internacionales ni en la hipótesis de recaudación.




El ministro Montoro aprovechó el debate en las Cortes para sentenciar que es la hora de las luces largas y dejarse de mirar al ombligo. Pero el debate entre los que van a favor del pacto fiscal y la austeridad y quienes piden medidas para restablecer el crecimiento puede abrirse con la llegada al Eliseo de Hollande. Lo que está a la vista es que la UE ha fracasado en devolver la calma a los mercados y ha perdido la confianza de muchos ciudadanos en su capacidad de liderazgo.

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