Por Mirta Balea
El drama de los desahucios ha marcado hoy el segundo paro general contra el Gobierno del Partido Popular (PP). La paciencia social por los ajustes y recortes impuestos a la población desde hace casi un año parece haberse agotado y, si bien el seguimiento ha sido desigual, la huelga general convocada por las dos mayores centrales sindicales del país (UGT Y CCOO) ha contado con émulos en Portugal y, en menor medida, en Grecia, Bélgica y Chipre.
La gente está harta de los abusos de todo tipo, desde la especulación urbanística hasta la depredación financiera, que han traido consigo la crisis actual en el mundo y han fagocitado a la clase media y dejado en la estacada a los más necesitados y vulnerables dentro de la población. La austeridad, ha quedado demostado, no resuelve las deudas ni actúa como incentivo económico, así que parece llegado el momento de cambiar la política económica.
Puede que la huelga general no sea la solución porque hará crecer, sin dudas, la incertidumbre en el exterior sobre la capacidad de España de cumplir con sus obligaciones y traerá pérdidas económicas al país derivadas de la propia jornada de inactividad, pero nadie discute que es la forma tradicional de hacer patente el malestar social. Si algo ha sido el mejor legado de la izquierda al ámbito de las libertades es el sindicalismo, muy cuestionado en España porque sus entidades se han convertido en el pozo sin fondo de ayudas estatales que le han hecho perder fuelle en los últimos años.
Los desahucios y no la huelga general de este día han venido copando los titulares de los periódicos nacionales en los días previos. Esto ha obligado al gobierno de Mariano Rajoy a administrar tratamientos paliativos a sus propias reformas. El viernes, en la reunión del Consejo de Ministros, se aprobará una moratoria de dos años, que, como ha dicho el secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Alfredo Pérez Rubalcaba, sigue sin ser la solución, porque lo cierto es que los bancos se le adelantaron en ésto.
Las hipotecas son el mayor gasto de los españoles. El 77% de los deudores lo hace en la cantidad de 649 mil 856 millones de euros. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), entre abril y junio pasados, la renta disponible de los hogares resultó un 3,2% menos que en 2011.
Durante la presidencia del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, los grupos minoritarios de izquierda en el Congreso de los diputados presentaron conjuntamente un proyecto, que él rechazó, para la dación de pago, algo impensable en España donde todos los gobiernos, desde la instauración de la democracia hace más de 30 años, han estado a favor de los bancos y no del consumidor. En Estados Unidos este sistema de dación funciona y bien en casi todos los estados.
Defender el dinero de las instituciones financieras es la base de la ley de desahucios que rige en el país desde el siglo XIX y es preconstitucional, es decir, anterior a la aprobación de la Carta Magna surgida de la transición democrática con la muerte del dictador Francisco Franco. Los gobiernos de la nueva etapa, sin embargo, como ocurre también con la ley de huelga, no se han atrevido a tocarla y parece llegado el tiempo de que el PP se amarre bien los pantalones y lo haga. Ese walk away para favorecer al consumidor resulta imprescindible en unas condiciones de crisis como las actuales.
De manera que la moratoria que se dispone aprobar el gobierno de Rajoy para situaciones de "extrema necesidad" y que, dejando de lado la semántica, resultan la mayoría en esa precariedad, sigue eludiendo el problema de fondo, que no es otro que cambiar la legislación para adaptarla a nuevas condiciones económicas y sociales y a los propios parámetros aprobados por la Unión Europea.
La moratoria se había presentado en marzo pasado con el Código de Buenas Intenciones del ministro de Economía, Luis de Guindos, en el que resultaba válida para los hogares con miembros en paro o con ingresos insuficientes para abonar el 60% de la hipoteca. La ampliación a aprobar el viernes concerniría a las familias con ingresos 2,5 veces el índice de 18,600 euros anuales y ampliarlo según el número de dependientes de ese dinero.
La liberalización del suelo a principios del año 2000, durante el gobierno del popular José María Aznar, agudizó la volatilidad del ciclo de vivienda con altibajos extremos de precios y que, junto a la menor protección en el mercado del trabajo, ha hecho que muchas familias vayan a la quiebra.
Los bancos esgrimen la tesis de que la dación de pago, en la práctica una condonación de la deuda, agravaría la crisis bancaria y encarecería las hipotecas del resto. Pero Estados Unidos es un ejemplo de lo contrario. Los bancos, además, no se salvarán en caso de una espiral bajista depresiva porque ésta, como ocurrió en 1932, arrastrará a la quiebra a toda la economía.
Entre 2008-2011, los parados pasaron de un 8 a un 23% y los salarios perdieron un 30% de su valor adquisitivo. Esto ocasionó bolsas de exclusión que han afectado a dos millones de hogares españoles.
El anuncio el pasado día 13 por la Asociación Española de la Banca de paralizar por dos años los desahucios de los deudores en un extremo estado de precariedad ha demorado demasiado. Hace dos años, esas mismas entidades, condonaron al PSOE 33 millones de euros de su deuda como un cheque en blanco. Lo más indignante es que muchas de las entidades que se beneficiarán del crédito de la UE para la refinanciación son las más renuentes a renegociar la deuda de sus clientes.
Desde 2008 se han incoado 350.000 procedimientos de desahucio y poco más de la mitad ha sido ejecutado. Aun así el gobierno de Rajoy no ha planteado públicamente que pretenda corregir la asimetría de derechos y obligaciones de la obsoleta ley hipotecaria entre deudor y prestamista y que va siempre a favor del último.
Los jueces, como ha denunciado el propio Consejo del Poder Judicial, están atados de pies y manos para tomar decisiones, que se ajusten a las condiciones de cada individuo o familia y evitar el desahucio..
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