España: el abuso de los bancos

Por Mirta Balea


Uno nunca puede explicarse exactamente de dónde viene la tristeza, si del corazón de la gente o de la tragedia que a veces nos rodea. Tal vez poco puede hacerse para conjurarla, salvo que ese tumultuoso y gargantuesco dolor pueda compartirse con los demás si los otros penan también por lo mismo, en una suerte de duelo común.


Recuerdo a una manifestante en Atenas gritando "esto no es democracia, no nos dejan ni protestar, esto es una dictadura". En el mundo global en que vivimos, priman los mercados ergo no manda el gobierno y eso enluta el alma de los ciudadanos, quienes pensaban que la democracia se había ido imponiendo, no solo por la convicción racional de que resultaba un buen sistema de organización social, sino porque se hacía evidente que era el más fuerte. Donde parece más consolidada, sin embargo, afloran sus limitaciones.


Europa entera ha sufrido el vapuleo histórico de la crisis de las hipotecas y de la deuda. La realidad es que no solo los panzer de la austeridad arrasan con el estado de bienestar, tanto si los vemos actuar de manera local o en lo global. En España, la crisis moral del sistema muestra un espolón importante, el mismo que ha dejado al desnudo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJE) hace apenas unos días.


El alto tribunal continental ha confirmado que la regulación procesal española desprotege al consumidor en el contrato hipotecario frente a los bancos voraces, al permitir que pierda la propiedad y se vea en la calle antes de que puede ejercitar una acción por daños y perjuicios. Es decir, como si un enfermero empezara a hacerte el boca a boca y de repente lo dejara porque piensa que vas a morir de todas maneras.


La sentencia ha puesto en manos de los jueces los útiles para paralizar los desahucios en tanto se estudia la letra pequeña de los contratos. Después, el procedimiento seguirá su curso. Hasta el momento, el gobierno ha impedido a los jueces tomar medidas cautelares y paralizar el embargo, lo que, según el tribunal, contraviene una norma de la Unión Europea de obligado cumplimiento.


Los bancos se han aprovechado del impago para imponer un 20% de interés por la deuda y se quedan además con la casa, con lo que jamás terminas de pagarla. Un juicio supondría una indemnización en caso de ganarlo, pero no la devolución del inmueble. Ningún gobierno español ha querido nunca plantar cara a los bancos en este tema.


El parlamento europeo han censurado también a la legislación española en un tema tan delicado. Su presidente Martin Schultz ha dejado claro que Europa debe proteger a los ciudadanos de los efectos de la crisis y anunció que habrá una nueva ley de Hipotecas de la UE que podría votarse en mayo próximo.

Los desahucios ejecutados por las entidades bancarias y financieras en España han provocado una gran rebelión social, quizá más efectiva y dinámica que las manifestaciones contra la reforma laboral, sucedidas a lo largo del 2012. Se han dado incluso casos puntuales de suicidios de los embargados, a punto de ser expulsados manu militari de su vivienda.


Estos ciudadanos crearon una Plataforma de los Afectados por las Hipotecas (PAH), que recogió millón y medio de firmas y presentó el pasado día 4 una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), aceptada a trámite, y que cuenta también con el respaldo de jueces y funcionarios judiciales, testigos impotentes de los desahucios.

 

 



Amaia Egaña en su viaje al tanatorio

Una mujer de 53 años llamada Amaia Egaña dejó abierta la puerta de su casa para evitar la llamada al timbre de una comisión judicial encargada de su embargo. Ella no esperó a que entrara en el domicilio la fuerza policial. Se encaramó en una silla y se lanzó desde un cuarto piso y no sobrevivió a la caída. Y esto ocurría en el mismo mes de noviembre del 2012, en que el gobierno de Mariano Rajoy aprobaba un Código de Buenas Prácticas, que, sospechosamente, la banca asumió de manera masiva y que tenía como objetivo evitar que las familias más vulnerables perdieran sus casas. 

 

 

El resultado no fue el esperado y se conoció de otro suicidio, el de un matrimonio. Los bancos seguían ejecutando los embargos y la sociedad se enfurecía cada vez más, a tal punto, que la banca se asustó y lo mismo, los políticos. Era un puño de acero demasiado cerca de sus caras, así que la patronal de bancos y cajas anunció la suspensión de los desahucios.



Los activistas de la PAH han conseguido desbloquear expedientos en los bancos. La última manifestación con este fin tuvo lugar en Barcelona, frente a las oficinas del Banco Popular a mediados de este mes. Ya lo dijo Platón, la mejor noche es la que transcurre sin sueños.


La decisión del TJE pesará en las iniciativas en manos del Congreso: una muy discreta del gobierno y la ILP. La abogada general del alto tribunal, Juliane Kokott, estableció que si se vulneran los derechos de defensa del desahuciado, este tiene el caso perdido de antemano, puesto que lo sacan de inmediato de su casa y ésta sale a subasta antes de que pueda apelar.


Los ciudadanos deben tener, según la sentencia del TJE, un recurso legal eficaz para demostrar que las características del préstamos podrían ser abusivas y detener la ejecución el embargo hasta una resolución judicial.


Las reivindicaciones de la PAH consisten en la dación de pago con carácter retroactivo, paralización de todos los desahucios en marcha y la creación de un parque de alquiler de viviendas sociales a precio razonable. Los bancos han respondido que, de aprobarse todo esto, las condiciones de los préstamos para las hipotecas serían más duras.


Representantes de los bancos y registradores de la propiedad cruzaron espadas poco antes de que fuera presentada la ILP. Los primeros consideran que la presencia de un fedatario público, encargado de velar por las cláusulas contractuales, debería ser garantía suficiente para el deudor. Pero resulta que ese control por parte del Registro quedó abolido en 2007 por la Ley Hipotecaria aprobada durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, con el apoyo del resto de los partidos.


El gobierno de Rajoy se ha apresurado a informar, tras la sentencia del TJE, que procerá con celeridad a introducir los cambios para adaptar la ley a la norma europea, que venía infringiéndose. Es decir, las reglas del juego podrían cambiar en favor del consumidor. Para saberlo, habrá que esperar a la sesión parlamentaria en la que se aprueben las nuevas normas.